La Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas dirigidas contra el registrador nacional, Hernán Penagos, otros funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus instalaciones en Colombia, casi 50 días después de las elecciones presidenciales, al advertir sobre el incremento de mensajes intimidatorios difundidos desde cuentas anónimas en redes sociales.
La Defensoría manifestó su preocupación por la circulación de publicaciones que promueven actos violentos contra los servidores encargados de la organización electoral, al considerar que este tipo de conductas representa un riesgo para el ejercicio democrático y para la garantía de los derechos políticos de los ciudadanos.
Según explicó la entidad, la Registraduría Nacional cumple funciones esenciales en el desarrollo de los procesos electorales mediante procedimientos que cuentan con controles, auditorías, verificaciones y mecanismos de observación. En ese sentido, la Defensoría subrayó que proteger a quienes desempeñan estas labores resulta fundamental para preservar la confianza en las instituciones y asegurar el normal desarrollo de la democracia.
La entidad también recordó que los cuestionamientos sobre los resultados o procedimientos electorales hacen parte del debate democrático, siempre que se expresen de manera pacífica y a través de los canales institucionales establecidos. Sin embargo, advirtió que las amenazas, el hostigamiento y los discursos de odio difundidos en plataformas digitales no están protegidos por la libertad de expresión cuando constituyen posibles conductas delictivas.
Defensoría advierte sobre los riesgos de los discursos de odio
Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes frente a las amenazas y preserve las evidencias necesarias para identificar a los responsables. Asimismo, solicitó a las compañías tecnológicas fortalecer los controles sobre contenidos que inciten a la violencia y pidió a la Unidad Nacional de Protección evaluar las medidas de seguridad para los funcionarios de la Registraduría.
Finalmente, la Defensoría invitó a la ciudadanía y a los actores políticos a rechazar cualquier forma de intimidación y a denunciar este tipo de hechos, con el propósito de proteger la institucionalidad y fortalecer la convivencia democrática.
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