El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar ha impuesto una sanción de tres días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes al alcalde de la ciudad, Ernesto Orozco Durán.
Esta decisión surge del incidente de desacato relacionado con la sentencia T-496 de 2011, emitida el 24 de junio de 2024, que ordenaba el desalojo del terreno conocido como Sabana 1, propiedad de los herederos del mayor Alberto Pimienta Cotes.
El juez Rogger Junior Celsa Rangel ha concluido que la Alcaldía de Valledupar, dirigida por Orozco Durán, no ha cumplido con los requisitos establecidos en una sentencia previa.
Según el juez, las medidas tomadas por la alcaldía, como la organización de mesas de trabajo y la realización de censos poblacionales, no han sido suficientes para llevar a cabo el desalojo de un terreno invadido.
A pesar de que ha transcurrido más de una década desde que la Corte Constitucional emitió el fallo, ningún alcalde ha logrado cumplir con la sentencia.
Esto se debe, en parte, a la existencia de cuatro barrios subnormales en el terreno en cuestión: Brisas de la Popa, Altos de Pimienta, Bello Horizonte y Guasimales, donde viven aproximadamente 8.000 personas.
La decisión del juez será revisada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar, que tendrá la última palabra sobre la confirmación o revocación de esta sanción.
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