4 Consejeros de la UPC. Una nueva controversia sacude a la Universidad Popular del Cesar (UPC). Según un documento oficial del Ministerio de Educación Nacional (radicado 2025-EE-286295), varios consejeros del Consejo Superior Universitario (CSU) habrían convocado a una sesión extraordinaria sin cumplir con los requisitos legales y estatutarios establecidos.
El oficio, firmado por el Subdirector (E) de Inspección y Vigilancia del Ministerio, Harold Antonio Hernández Molina, advierte que la reunión fue citada sin la convocatoria del Secretario General, ni la presencia del Presidente del CSU ni de la representante designada por la Presidencia de la República, lo que configuraría una vulneración al artículo 32 del Acuerdo 009 de 2016 y al artículo 64 de la Ley 30 de 19922025-EE-286295.
¿Quiénes convocaron la reunión?
Los consejeros señalados de impulsar esta convocatoria irregular son:
- Juan Nacimiento, representante de los estudiantes.
- Carlos Morón, representante de los exrectores.
- José Carlos Pérez, representante de los egresados.
- Joaquín Manjarrez, representante de los gremios.
De acuerdo con el Ministerio, cualquier decisión que se tome en esta sesión carecería de legalidad y podría acarrear sanciones.
El llamado del Ministerio de Educación a los 4 Consejeros de la UPC.
El oficio ministerial ordena de manera categórica a los consejeros abstenerse de adelantar la sesión hasta que se verifique la validez de la convocatoria. En caso de incumplimiento, el despacho advierte la posibilidad de imponer multas sucesivas de hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a los responsables, así como sanciones administrativas adicionales.
La cartera educativa recuerda que el CSU es el máximo órgano de dirección de la UPC y que su legitimidad depende del estricto cumplimiento de la Constitución, la Ley 30 de 1992, la Ley 1740 de 2014 y los estatutos internos.
Contexto de la crisis y los 4 Consejeros de la UPC
La Universidad Popular del Cesar atraviesa una etapa de fuerte tensión institucional. En los últimos meses, diversos sectores académicos y administrativos han cuestionado la gobernabilidad del CSU, denunciando pugnas políticas, decisiones apresuradas y una aparente desconexión con los intereses de la comunidad universitaria. La situación ha llevado al Ministerio de Educación a reforzar sus funciones de inspección y vigilancia sobre la institución.
Una universidad bajo la lupa
La convocatoria irregular es solo un capítulo más de una larga lista de disputas en la UPC, donde los intereses gremiales, políticos y personales parecen imponerse sobre la misión académica. Para la ciudadanía y la comunidad educativa, este nuevo episodio genera más incertidumbre sobre la estabilidad institucional de la universidad, que debería estar concentrada en fortalecer la investigación, la calidad docente y el bienestar de sus estudiantes.
Mientras el Ministerio pide respeto a la norma, se espera que los consejeros señalados respondan públicamente a las denuncias y que el CSU recupere el rumbo. Lo cierto es que la universidad sigue atrapada en una pugna de poderes que amenaza con profundizar su crisis de gobernabilidad.
Impacto en la comunidad universitaria
Más allá de las disputas jurídicas, este episodio afecta directamente a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. La falta de claridad en las decisiones del CSU genera retrasos en proyectos académicos, en procesos de contratación y en la definición de políticas de bienestar estudiantil. Cada sesión irregular o anulada representa tiempo perdido para una comunidad que reclama estabilidad y respuestas a problemas urgentes, como la calidad de los programas y la falta de recursos.
Asimismo, analistas educativos advierten que la reiteración de estas irregularidades erosiona la autonomía universitaria, pues obliga al Ministerio de Educación a intervenir con mayor frecuencia. En lugar de consolidarse como un órgano democrático y representativo, el CSU se proyecta como un escenario de confrontación, lo que disminuye la confianza de la sociedad en la UPC.
De no corregirse esta situación, el riesgo es que la universidad quede atrapada en un círculo de ilegalidades que impacte negativamente su imagen, la acreditación de sus programas y la posibilidad de acceder a recursos nacionales e internacionales.
La comunidad universitaria, cada vez más crítica, exige transparencia, respeto por las normas y un compromiso real de los consejeros con los intereses académicos y no con intereses políticos particulares.
¿Por qué el Ministerio de Educación la considera irregular?
Porque la convocatoria se hizo sin la participación del Secretario General, el Presidente del CSU ni la delegada de Presidencia, violando normas legales y estatutarias.
¿Qué sanciones podrían aplicarse?
Multas de hasta 100 salarios mínimos y sanciones administrativas para los responsables.
¿Qué impacto tiene esto en la UPC?
La crisis aumenta la desconfianza en el CSU y pone en riesgo la legalidad de sus decisiones.
4 Consejeros de la UPC.
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