El periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda comparecerá este lunes 19 de octubre de 2026, a las 4:00 de la tarde, ante un juez de control de garantías en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, donde la Fiscalía General de la Nación solicitará imputarle cargos por los presuntos delitos de acoso sexual y acto sexual violento.
La diligencia representa un nuevo avance en la investigación que adelantan las autoridades por hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2024 en un contexto laboral. De acuerdo con información publicada por medios nacionales, el expediente involucra preliminarmente a cinco presuntas víctimas, quienes habrían compartido espacios de trabajo con el comunicador en el sector de los medios de comunicación.
¿Qué se sabe de la investigación contra Ricardo Orrego?
La solicitud de audiencia fue presentada el 2 de octubre por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, organismo que investiga presuntos casos de violencia basada en género en el entorno de los medios de comunicación. La programación de la diligencia se conoció públicamente el 8 de octubre.
El caso tomó relevancia en marzo de 2026, cuando se hicieron públicas denuncias contra varios profesionales de la televisión colombiana. En ese contexto, el periodista dejó su cargo en Caracol Televisión, donde se desempeñaba como subdirector de Deportes y participaba en importantes transmisiones deportivas.
¿Qué puede pasar durante la audiencia?
Durante la diligencia, la Fiscalía expondrá los hechos que atribuye al investigado y formulará la imputación correspondiente. Este procedimiento busca comunicar formalmente los cargos, pero no equivale a una condena ni determina por sí mismo la responsabilidad penal.
La defensa de Ricardo Orrego ha manifestado su disposición de comparecer ante las autoridades y ha insistido en la importancia de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
El desarrollo de la audiencia será clave para conocer los pasos siguientes de la actuación judicial. Mientras avanza el proceso, Ricardo Orrego conserva el derecho a ejercer su defensa y a que su situación jurídica sea definida conforme a la ley.
Las autoridades deberán establecer las responsabilidades que correspondan con base en las pruebas y las actuaciones judiciales.
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