El Gobierno de Colombia anunció el 15 de octubre nuevas medidas para limitar la contratación por prestación de servicios y restringir la provisión de cargos de libre nombramiento y remoción en las entidades públicas del país, con el propósito de reducir el gasto público. Las disposiciones quedaron establecidas en la Circular Externa 08 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que fija lineamientos para la programación de nuevos contratos y el manejo de los recursos destinados al personal.
De acuerdo con la circular, las entidades deberán orientar la programación de nuevos contratos a un máximo del 25 % del número y valor de los celebrados durante 2025 y 2026. La medida busca contener el crecimiento de los gastos asociados a la contratación de servicios personales y promover un uso más eficiente de los recursos del Estado.
El Gobierno también estableció que las instituciones deberán justificar sus necesidades de personal, verificar la disponibilidad presupuestal y presentar información relacionada con sus procesos de contratación y los ahorros alcanzados. Estas obligaciones buscan fortalecer el seguimiento al gasto y garantizar que las decisiones administrativas respondan a necesidades debidamente sustentadas.
Gobierno aplicará las restricciones desde enero de 2027
Sin embargo, las restricciones contemplan excepciones para la prestación de servicios esenciales, labores de seguridad y atención de emergencias, entre otros casos específicos. Esto permitirá que las entidades mantengan las funciones prioritarias para el funcionamiento del Estado y la atención de la ciudadanía.
Las metas de reducción comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027. La disposición no ordena la terminación automática de los contratos vigentes, por lo que las restricciones se concentran en la programación de nuevas vinculaciones y en las decisiones futuras de contratación.
Con estas medidas, el Gobierno busca ajustar el gasto público y establecer mayores controles sobre la vinculación de personal en las entidades estatales. La aplicación de los lineamientos dependerá de la revisión de las necesidades institucionales, las condiciones presupuestales y las excepciones contempladas en la circular.
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