La Contraloría General de la República emitió una función de advertencia dirigida al Gobierno del presidente Gustavo Petro tras identificar riesgos presupuestales, financieros y contractuales que, según el organismo de control, podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del Estado.
El informe, con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, señala que, una vez levantada la restricción de la Ley de Garantías, se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, lo que representa un incremento del 22,5 % frente al mismo periodo de hace cuatro años.
La Contraloría también llamó la atención por el aumento de la contratación directa, que superó los 11.000 contratos durante las últimas cuatro semanas, y advirtió sobre riesgos contractuales y presupuestales en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior.
Contraloría pide prudencia en el manejo del presupuesto
De acuerdo con el organismo de control, el Gobierno Nacional enfrenta un escenario marcado por presiones de caja, menores ingresos, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación, por lo que insistió en que toda decisión contractual y presupuestal debe contar con disponibilidad efectiva de recursos y garantizar la sostenibilidad fiscal.
Asimismo, advirtió que asumir nuevas transferencias, asignaciones presupuestales o compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación podría afectar el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, incrementar las necesidades de endeudamiento y generar riesgos para el patrimonio público.
La Contraloría explicó que la función de advertencia tiene un carácter preventivo y busca evitar que los riesgos identificados se traduzcan en pérdidas de recursos públicos o en eventuales responsabilidades fiscales y disciplinarias para los ordenadores del gasto.
Finalmente, indicó al Ministerio de Hacienda y a las entidades que integran el Gobierno Nacional Central adoptar decisiones bajo criterios de prudencia fiscal, planeación y sostenibilidad financiera, con el fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos.
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