La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de tres niñas de un colegio rural del municipio de La Palma, en Cundinamarca, al determinar que la falta de baños y espacios sanitarios adecuados vulneró su derecho a la educación, además de afectar su salud, dignidad e integridad.
La decisión quedó consignada en la Sentencia T-175 de 2026, luego de estudiar una acción de tutela presentada por la madre de las estudiantes. El caso evidenció que desde junio de 2024 los baños del plantel fueron demolidos para ejecutar un proyecto de renovación de infraestructura. Sin embargo, la obra sufrió varias suspensiones y finalmente el contrato fue terminado por incumplimientos del contratista en octubre de 2025. Como consecuencia, más de 120 estudiantes tuvieron que utilizar sanitarios provisionales en condiciones deficientes y compartir los baños destinados al personal docente.
Corte Constitucional fijó un plazo de un año para entregar las nuevas baterías sanitarias
La Corte Constitucional recordó que el derecho a la educación no solo implica garantizar el acceso a las aulas, sino también ofrecer condiciones materiales dignas para el aprendizaje. En ese sentido, señaló que contar con instalaciones sanitarias suficientes, seguras y adecuadas es un requisito indispensable para proteger también los derechos a la salud, la vida digna y la integridad personal de los estudiantes.
Asimismo, la Corte Constitucional destacó que la ausencia de baterías sanitarias afecta de manera especial a las niñas y adolescentes, pues limita el ejercicio de su derecho a la salud menstrual y compromete su dignidad e igualdad. También reiteró que el Ministerio de Educación, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y las entidades territoriales tienen responsabilidades concurrentes para garantizar condiciones adecuadas en los establecimientos educativos.
Como medida inmediata, la Corte Constitucional ordenó a la Gobernación de Cundinamarca instalar al menos cinco juegos sanitarios con condiciones de privacidad, higiene y salubridad. Además, dispuso que el FFIE y el Ministerio de Educación culminen la construcción definitiva de las baterías sanitarias en un plazo máximo de un año y presenten informes periódicos sobre el avance de las obras.
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