El sistema de clasificación social en Colombia cambiará a partir del 1 de julio de 2026, cuando el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Alcaldía de Bogotá inicien la transición del Sisbén hacia el nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta que busca mejorar la focalización de los subsidios y ayudas estatales mediante el análisis de información oficial de diferentes entidades.
La implementación comenzará en Bogotá y servirá como punto de partida para modernizar el modelo con el que el Estado identifica a las personas que requieren apoyo económico. El nuevo sistema reemplazará gradualmente al Sisbén, que durante años se basó en encuestas presenciales y en la información suministrada directamente por los ciudadanos sobre sus condiciones socioeconómicas.
A diferencia del modelo actual, el Registro Universal de Ingresos utilizará cruces de datos provenientes de al menos 47 entidades públicas y privadas. Entre las fuentes consultadas estarán los registros de la DIAN, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), la nómina electrónica, la Registraduría Nacional, el Ministerio de Educación y el Registro Social de Hogares. Con esta metodología, las autoridades buscan conocer con mayor precisión la capacidad real de generación de ingresos de cada hogar.
¿Qué pasará con los subsidios tras el fin del Sisbén?
Según cifras preliminares debatidas en el Concejo de Bogotá, más de 615.000 personas podrían ser reclasificadas hacia niveles socioeconómicos superiores, mientras que cerca de 957.000 ciudadanos serían ubicados en categorías de mayor vulnerabilidad. Estos ajustes permitirían reducir los errores en la entrega de subsidios y garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
El DNP aclaró que la posesión de una vivienda o de un predio rural no afectará automáticamente la clasificación de los hogares. La propiedad solo será tenida en cuenta cuando genere ingresos demostrables, como arriendos o rentas reportadas oficialmente. Con esta transformación, el Sisbén entra en una nueva etapa de modernización enfocada en la verificación de datos y la transparencia en la asignación de beneficios sociales.
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