El Consejo de Estado suspendió parcialmente en Bogotá el Decreto 415 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional ordenaba el traslado de recursos pensionales desde las AFP hacia Colpensiones, al considerar que podrían existir irregularidades en la reglamentación expedida por los ministerios de Trabajo y Hacienda. La decisión fue adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, tras estudiar varias demandas acumuladas contra la norma emitida el 20 de abril de 2026.
De acuerdo con el auto judicial, el decreto establecía que las Administradoras de Fondos de Pensiones debían trasladar los recursos de afiliados que hicieron uso de la oportunidad de cambio de régimen prevista en la Ley 2381 de 2024. Sin embargo, el tribunal encontró que la medida podría modificar aspectos esenciales definidos por el Congreso, especialmente frente a los afiliados que aún no consolidan su derecho pensional.
Consejo de Estado suspende decreto de pensiones del Gobierno
El Consejo de Estado indicó que el Gobierno habría excedido su potestad reglamentaria al ordenar el traslado anticipado de los recursos hacia Colpensiones, pese a que la ley establecía que esos dineros debían permanecer en las cuentas individuales administradas por las AFP hasta la consolidación de la pensión. Por esa razón, la corporación decidió decretar una medida cautelar de urgencia mientras avanza el proceso de nulidad.
En la decisión también se advierte que la ejecución inmediata del decreto podía generar consecuencias financieras difíciles de revertir, debido a los cortos plazos fijados para movilizar los recursos pensionales. Según las demandas presentadas, el traslado masivo de capitales podría afectar el mercado financiero y alterar la trazabilidad de los ahorros de millones de afiliados.
El Consejo de Estado precisó que el análisis realizado corresponde a una evaluación preliminar y que aún falta una decisión de fondo sobre la legalidad del decreto. Entretanto, el Consejo de Estado continuará estudiando los argumentos relacionados con la presunta vulneración de derechos patrimoniales, la confianza legítima y la seguridad jurídica dentro del sistema pensional colombiano.
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