La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha dado un paso decisivo en el caso que pone en el centro del debate público la validez de los títulos académicos presentados por Juliana Andrea Guerrero Jiménez, una joven profesional que llegó a ocupar cargos públicos de alto perfil sin que, según investigaciones oficiales, cumpliera con todos los requisitos legales para obtener dichos diplomas.
Este lunes 9 de febrero de 2026, la Fiscalía radicó ante la rama judicial la solicitud formal de imputación de cargos contra Juliana Guerrero y contra Luis Carlos Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José. Los dos están acusados de delitos relacionados con la expedición irregular de títulos académicos, entre ellos fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
La investigación, adelantada por la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, señala que Guerrero habría obtenido los diplomas de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable sin que existan evidencias claras de que cumplió con los requisitos exigidos por la normativa educativa colombiana, como la asistencia a clases y la presentación del examen estatal obligatorio conocido como Saber Pro.
El origen de esta investigación se remonta a 2025, cuando surgieron cuestionamientos públicos sobre la hoja de vida de Guerrero, quien fue postulada como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Las dudas sobre la validez de sus títulos llevaron a que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) verificara los registros oficiales y confirmara que no hay evidencia de que ella haya presentado las pruebas Saber Pro ni Saber TyT, requisito indispensable para graduarse en Colombia.
Ante esta situación, el caso tomó repercusión nacional. La Fundación San José, por su parte, confirmó que inició una investigación interna y destituyó a su secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, tras detectar posibles irregularidades en los procesos de graduación.
Junto con la solicitud de imputación de cargos, la Fiscalía pidió al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en la modalidad de detención domiciliaria para Guerrero y Gutiérrez, argumentando la gravedad de las presuntas conductas y la existencia de pruebas que sustentan la acusación.
Deicy Jaramillo explicó que las evidencias recabadas incluyen registros oficiales del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), documentos de la propia institución educativa, y una serie de actuaciones internas que habrían permitido a Guerrero presentar títulos sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
El caso ha generado reacciones dentro del ámbito político. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza —quien presentó inicialmente denuncias sobre estas irregularidades— celebró la decisión de la Fiscalía de avanzar con la imputación y la solicitud de detención domiciliaria, al considerarla un paso necesario hacia la transparencia y el combate a la corrupción académica y administrativa en el país.
Fiscalía presenta pruebas y elementos contra Guerrero y directivos de la Fundación San José
Desde diferentes sectores, se han planteado dudas sobre cómo individuos sin requisitos académicos claros pudieron ocupar cargos públicos y ser incluidos en nóminas oficiales. Algunos medios también han señalado que casos similares podrían involucrar a otras personas vinculadas al Gobierno Nacional con títulos expedidos por la misma institución, lo que ha llevado a ampliar las investigaciones tanto por parte de la Fiscalía como de otras autoridades educativas y de control.
El Ministerio de Educación, así como otras entidades de control, examina el proceso de expedición de títulos en la Fundación San José, incluyendo la posible emisión de diplomas sin cumplimiento de requisitos como la presentación del examen estatal o la inscripción y participación real en los programas académicos declarados.
Aunque la Fundación Universitaria San José ha afirmado que se trata de errores administrativos y ha iniciado procesos para corregir posibles fallas internas, la Fiscalía mantiene su investigación y ha consolidado evidencia suficiente para llevar al caso ante un juez, en lo que se convierte en uno de los procesos judiciales más seguidos del país en materia de educación superior y responsabilidad administrativa de funcionarios públicos.
La Fiscalía anunció que la audiencia de imputación y la valoración de la medida de aseguramiento serán claves para determinar el rumbo judicial de este caso, que sigue sumando atención en la opinión pública y que ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la calidad educativa, la legitimidad de los procesos de titulación y la responsabilidad de las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de la ley.
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