La Fiscalía General de la Nación destapó uno de los entramados de corrupción judicial más delicados de los últimos años, al confirmar la captura de nueve presuntos integrantes de una red integrada por funcionarios públicos y particulares que, al parecer, cobraban millonarias sumas de dinero para manipular procesos por lavado de activos y otras actuaciones judiciales en curso dentro de la entidad.
Las detenciones se produjeron tras un trabajo investigativo liderado por un Grupo de Tareas Especiales creado por la Fiscalía, cuyo objetivo era seguir la pista a irregularidades internas detectadas en varios procesos sensibles. Las diligencias judiciales se realizaron de manera simultánea en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta), evidenciando el alcance territorial de la estructura ilegal.
La Fiscalía confirmó la captura de nueve personas vinculadas
Entre los capturados figuran cuatro funcionarios activos de la Policía Nacional adscritos a la Dijín: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo. También fueron detenidos dos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo. A ellos se suman tres particulares, exintegrantes de la Policía Nacional, la Sijín y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec): Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez.
De acuerdo con la investigación, los implicados habrían aprovechado el acceso privilegiado que les otorgaban sus cargos para exigir pagos que iban desde los 400 hasta los 1.000 millones de pesos. Las exigencias estaban dirigidas a un ciudadano que había cumplido una condena en Estados Unidos y a su núcleo familiar, a cambio de frenar medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, impedir órdenes de captura y direccionar decisiones judiciales que los afectaban.
La Fiscalía estableció que los hechos no fueron aislados ni recientes. Hasta el momento, se han documentado eventos delictivos ocurridos en los años 2014, 2015, 2024 y 2025, lo que demuestra que la red habría operado de manera intermitente pero sostenida en el tiempo. En varios de los casos, los presuntos responsables se reunieron con las víctimas en Bogotá y Villavicencio, donde exhibían información reservada sobre procesos en curso como mecanismo de presión para intensificar los cobros ilegales.
Las pesquisas también revelaron que algunos de los involucrados, quienes ejercían funciones de policía judicial, habrían eliminado elementos materiales probatorios y evidencias clave con el fin de alterar el curso normal de las investigaciones. Además, se les señala de constreñir a testigos para que entregaran información falsa sobre los familiares del hombre condenado en Estados Unidos, como represalia ante la negativa de pagar las sumas exigidas.
Uno de los aspectos más graves del caso es que, según la Fiscalía, los integrantes de la red también habrían intimidado a un investigador líder de los procesos, con el propósito de obtener acceso a detalles reservados de las actuaciones judiciales que eran de su interés. Este comportamiento, advirtió el ente acusador, pone en riesgo la integridad del sistema judicial y la seguridad de los servidores públicos que cumplen con su deber.
Por estos hechos, fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputarán a los capturados, de acuerdo con su presunta participación, delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas informáticos, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
La Fiscalía reiteró que las investigaciones continúan y no se descarta la vinculación de más personas. Asimismo, aseguró que este operativo busca enviar un mensaje contundente contra la corrupción: ninguna investidura ni cargo público puede ser utilizado para negociar decisiones judiciales o convertir la justicia en un negocio clandestino.
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