La Corte Suprema de Justicia explicó con detalle los motivos para aumentar la pena impuesta a Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del Cesar, condenado por peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales relacionados con la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2015.
La sentencia revisada no parte de cero: en primera instancia, la Sala Especial de la Corte Suprema había condenado a Monsalvo a 21 años y 8 meses de prisión por los mismos hechos probados, al encontrarlo responsable de irregularidades en el contrato del PAE que permitieron la apropiación indebida de recursos públicos.
Sin embargo, la Sala de Casación Penal determinó que aquella dosificación inicial de pena no aplicó adecuadamente todas las agravantes que sí estaban probadas y acreditadas, como la afectación de recursos destinados a la alimentación y educación de menores, el ejercicio de poder político desde la gobernación y la coparticipación organizada con terceros para ejecutar el esquema delictivo. Por eso, atendiendo la apelación de la Fiscalía, la Corte modificó y elevó la pena definitiva a 265,5 meses de prisión, lo que equivale a 22 años y 45 días.
Además de los años de cárcel, la Corte ratificó una multa por mil 537 millones de pesos, como sanción económica vinculada al delito de peculado por apropiación agravado y otros rubros asociados al proceso. Monsalvo también debe consignar cerca de 71,26 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente $92,678,000) adicionales como parte de las obligaciones pecuniarias asociadas al fallo.
El Alto Tribunal sostuvo que los hechos no pueden verse como simples errores administrativos. Según la sentencia, el contrato del PAE fue tramitado de forma irregular desde su origen y utilizado como el medio para apropiarse de recursos públicos, en detrimento del erario y de las comunidades educativas del Cesar.
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La Corte valoró especialmente tres aspectos:
- Que el dinero afectado estaba destinado a educación y alimentación de menores, sujetos de especial protección constitucional.
- Que Monsalvo actuó desde una posición de máximo poder político y administrativo, como gobernador del departamento.
- Que existió actuación conjunta con otros funcionarios y particulares, lo que agrava la conducta.
Pronunciamiento de Monsalvo
Tras la decisión de la Corte Suprema de dejar en firme la condena y ratificar la pena que ahora supera los 22 años de prisión, Luis Alberto Monsalvo Gnecco se pronunció públicamente. En su declaración, afirmó que ha respetado y seguirá respetando las decisiones judiciales, aunque manifestó su desacuerdo con el fallo y adelantó que su defensa estudia “las acciones legales que correspondan para defender sus derechos” ante las instancias jurídicas disponibles.
Monsalvo insistió en que su gestión siempre buscó “actuar dentro del marco de la ley” y defendió su trayectoria política, a la vez que aseguró que no existió intención de apropiarse de los recursos públicos. Sin embargo, sus argumentos no fueron suficientes para convencer a la Sala de Casación Penal, que reafirmó la responsabilidad penal agravada por la forma en que se tramitó y ejecutó el contrato cuestionado.
En conclusión, la Corte Suprema dejó claro que la corrupción en programas sociales merece un reproche penal severo, no solo por el daño económico al erario, sino por el impacto directo en la confianza ciudadana y en los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana.
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