El Tribunal Administrativo del Cesar admitió una acción popular interpuesta por el ciudadano Daniel Alberto Daza Arias, en la que solicita el traslado de la Cárcel Judicial de Valledupar, ubicada en el barrio Dangond, así como medidas de compensación para los habitantes del sector.
Daza Arias sostiene que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) incumplió un convenio firmado hace 27 años con el municipio, en el que se comprometía a construir un nuevo centro penitenciario para reemplazar la Cárcel Judicial.
Como parte de su investigación, logró evidenciar que este proyecto recibió licencia de construcción mediante la Resolución 0158 del 28 de abril de 1999.
Con la admisión de la demanda, el INPEC y la Alcaldía de Valledupar tienen un plazo de diez días hábiles para responder.
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Una vez vencido este término, el Tribunal deberá emitir una decisión dentro de los siguientes 30 días.
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