La Procuraduría ha confirmado la destitución e inhabilitación general por nueve años a dos ex funcionarios de la Gobernación del Cesar. Se trata de Juan Carlos Calderón Araújo, ex secretario de Educación y César Cerchiario de La Rosa, ex secretario general.
Esta decisión, ratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular el 15 de diciembre de 2023, surge como resultado de irregularidades en el proceso de licitación pública No. LP-SGR-0004-2013.
El caso se inició a raíz de una denuncia presentada por Óscar Enrique Aroca Villalba el 20 de junio de 2013, quien señaló una presunta violación al régimen de contratación estatal durante la licitación destinada a la «dotación de vestido y calzado para los docentes vinculados a la secretaría de educación del departamento del Cesar».
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3, en su decisión de primera instancia emitida el 1 de julio de 2020, encontró culpables a Calderón Araújo y Cerchiario de La Rosa, imponiéndoles la sanción de destitución e inhabilitación general por 9 años. Esta determinación fue ratificada en su totalidad en la segunda instancia, reafirmada en el fallo del 15 de diciembre de 2023.
La Procuraduría sostuvo que Calderón Araújo, al suscribir el estudio previo del proceso de selección, incurrió en una conducta típica al determinar incorrectamente la modalidad de «licitación pública» en lugar de «selección abreviada», según la normativa vigente. Esta irregularidad, argumenta la entidad disciplinaria, afectó la transparencia del proceso y la elección de la oferta más favorable para la entidad y el interés público.
En cuanto a César Cerchiario de La Rosa, la Sala Disciplinaria de segunda instancia afirmó que el ex secretario general vulneró el principio de «moralidad pública» consagrado en la Ley 734 de 2002. Destacó que, al establecer criterios habilitantes restrictivos, no fue posible obtener la mejor oferta económica de todos los oferentes, lo que afectó el interés general y los derechos de la entidad.
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