De acuerdo a un comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación, el departamento del Cesar, se encuentra entre los 5 departamentos que tienen un alto riesgo de violencia contra líderes políticos en el marco de las elecciones regionales próximas a desarrollarse el 29 de octubre de 2023 en Colombia.
Según el ente, entre los departamentos con alerta por esta misma razón también se encuentran Cauca, Arauca, Putumayo y Caquetá.
En el documento, señalan que debido a los diferentes delitos que puedan presentarse durante los comicios, adelantan las investigaciones de ‘1.519 hechos delictivos que representan riesgo para electores, candidatos y las autoridades encargadas de garantizar el normal desarrollo de las elecciones’.
Mediante una estrategia investigativa y judicial la institución estatal, afirmó que busca acompañar la jornada electoral del próximo 29 de octubre, respondiendo así a lo definido en la Resolución 0-0406 de agosto de 2023, para evitar que los hechos delictivos que afecten el normal desarrollo de los comicios.
‘El objetivo nuestro es que haya transparencia, por eso invito a la ciudadanía que denuncie porque es un deber legal hacerlo’, precisó el Fiscal General Francisco Barbosa.
En la estrategia, se elaboró un Mapa de Riesgo Electoral en 1.102 municipios, 18 áreas no municipalizadas en el país, y en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, donde se encontró que 259 municipios están categorizados con riesgo alto por cualquier conducta delictiva, entre estos están, Puerto Gaitán, Meta, Soacha, Cundinamarca, Puerto Colombia y Barranquilla, Atlántico.
De igual manera, en la línea de investigación se determinó que Arauca, Guaviare, Chocó y Caquetá presentan riesgo por el accionar de los grupos armados ilegales.
Frente a posible fraude electoral, la Fiscalía señaló que se encuentran los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre y Chocó.
El ente de control, indicó que desde el pasado 29 junio, han abierto 1.519 investigaciones en todo el territorio nacional, siete por los homicidios de seis de candidatos al concejo y de un aspirante a Junta Administradora Local y 479 por amenazas de las cuales 222 obedecen a intimidaciones en contra de candidatos a las alcaldías.
También, se habrían realizado 228 procesos investigativos activos por injuria y calumnia, 38 abiertos por daño en bien ajeno, 33 por delitos contra la administración pública y uno por delitos informáticos.
De igual manera revelaron que por delitos electorales hay 477 investigaciones activas de las cuales 224 estarían relacionadas a fraude en la inscripción de cédula, 96 correspondientes a constreñimiento al sufragante, 79 por hechos corrupción de sufragante y 32 por intervención en política.
Sumándole a las investigaciones 12 por fraude al sufragante, 8 por tráfico de votos y 12 por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
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