Esta vez, la Fiscalía lo señaló como el presunto responsable de varias irregularidades en el trámite y celebración de varios contratos destinados a atender a la población afectada por la emergencia sanitaria que dejó a su paso el covid-19.
El mandatario fue imputado este martes 24 de enero por lo delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Según la Fiscalía, en marzo de 2020, en el marco de la urgencia manifiesta declarada en el departamento, el entonces mandatario delegó a la secretaria departamental para que suscribiera 23 contratos para la adquisición de 73.500 kits de mercados, los cuales ascendieron a más de 9.000 millones de pesos.
La investigación mostró que la contratación se realizó de manera directa, y con el aparente desconocimiento de varias disposiciones legales vigentes y advertencias hechas por los organismo de control para garantizar los principios de transparencia, selección objetiva y economía en los procesos contractuales.
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La investigación de la Fiscalía dejó al descubierto ante el Tribunal Superior de Bogotá las posibles anomalías en los estudios de mercado para adelantar la contratación, pues, según el expediente, carecían de referentes claros y rigor técnico. Asimismo, se habría fijado caprichosamente el valor de $126.600 por kit de mercado, sin tener en cuenta que los contratos tenían condiciones distintas, como número o tipo de productos, y necesidades de transporte.
Adicionalmente, quedó en evidencia que las grandes superficies, al parecer, fueron excluidas de la contratación sin justificación alguna y se permitió la selección de empresas o sociedades con falta de idoneidad.
Las pruebas, en poder de la Fiscalía, también da cuenta de cotizaciones fraudulentas, indebida determinación de los precios unitarios de los kits de mercado, en algunos casos con costos irrisorios o artificiales; y posibles sobrecostos en, por lo menos, siete contratos. Según la Fiscalía, todo lo anterior se llevó a cabo con el fin de ajustar los valores individuales a los $126.600.
“Para la Fiscalía está claro que el señor Monsalvo Gnecco, presuntamente, se apartó de sus funciones de ordenador del gasto y no vigiló la correcta administración de los recursos públicos, situación que puso en riesgo el patrimonio del departamento”, dijo el ente acusador a través de un comunicado en el que, además, confirmó que esta es la tercera imputación que le hacen al mandatario por hechos corrupción.
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