Improcedente Decreto municipal de Aguachina
El Tribunal Administrativo del Cesar, resolvió el medio de control inmediato de legalidad solicitado por el Municipio de Aguachica para definir la legalidad del Decreto de calamidad Pública emitido por el gobierno municipal en noviembre pasado.
La medida de calamidad pública buscaba atender la emergencia generada por el coronavirus en el municipio. Los magistrados del Tribunal resolvieron “declarar improcedente el control inmediato de legalidad del Decreto 790 del 27 de noviembre de 2020” y ordenaron archivar el proceso.
Consejo de Estado resuelve adiciones y aclaraciones de fallos
Los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado resuelven las peticiones de adiciones y aclaraciones de fallos de dos procesos que interesan al Cesar y con los cuales ya tumbaron al rector de la UPC y al director de Corpocesar.
Nada más el lunes 15 de marzo, ingresó al despacho de la magistrada ponente Rocío Araujo Oñate, el documento “Con peticiones de aclaración y adición de la sentencia”, en el caso de la nulidad electoral contra el director de Corpocesar, John Valle Cuello.
Entra tanto, el magistrado Carlos Moreno Rubio tiene en sus manos la copia del expediente que “pasa al despacho para resolver solicitud de aclaración y adición del auto admisorio”, en el caso de la nulidad electoral del rector de la UPC, José Sierra Lafaurie.
Yo me pregunto: ¿eso ya para qué? ¡Si ya los tumbaron!
La papa caliente del caso Mello Castro
En una verdadera papa caliente se ha convertido el tema de las pruebas del caso de la demanda de nulidad electoral contra el alcalde Mello Castro González.
Resulta que el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó enviar los tarjetones objetos de revisión a la Dirección Nacional del CTI, para las pruebas de Grafología y demás, pero ahora la Registraduría se pregunta quién se hará responsable de la cadena de custodia para trasladar las tarjetas electorales a Bogotá.
La advertencia del magistrado ponente
El magistrado ponente de este proceso, José Antonio Aponte Olivella, advierte “que dicha actuación debe ser coordinada entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía General de la Nación, en aras de lograr el éxito de la experticia encomendada, siendo dichas entidades quienes tienen el conocimiento sobre el traslado de material en custodia”.
Sólo falta ahora que le pidan el favor a Mello Castro, que cuando viaje a Bogotá se lleve los tarjetones.
¡Cosas de la Política!
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